Obras Públicas: Pago de Patentes Municipales

 

Las municipalidades, en uso de sus atribuciones, están facultades para cobrar patentes por el ejercicio de actividades económicas lucrativas.

Sin embargo, resulta motivo de controversia el momento a partir del cual la municipalidad tiene derecho a exigir el pago de la patente a aquellas empresas que se han adjudicado la construcción y explotación de carreteras mediante el sistema de concesiones. La discusión se centra en determinar si debe pagarse patente durante la etapa de construcción o sólo una vez que la empresa concesionaria ha iniciado la explotación. Dependiendo de la respuesta la empresa concesionaria incurrirá en mayores o menores costos por esta causa.

La Contraloría General de la República resuelve mediante dictamen N°3341 del 10 de septiembre de 1999, solicitado por Autopista del Maipo S.A, pero de aplicación general según establece el mismo dictamen, que las municipalidades deben abstenerse del cobro de patente comercial hasta que se inicie la explotación de la obra, pues  sólo en este caso se estará ante el ejercicio de una actividad lucrativa.  Por tanto, no procede el pago de patente durante la etapa de construcción.

 

El texto del dictamen de la Contraloría es el siguiente:

Se ha dirigido a esta Contraloría General, el señor Enrique Méndez Velasco, Gerente General de la sociedad del epígrafe, solicitando un pronunciamiento que determine si la empresa que representa está afecta al pago de patente municipal, atendido su especial carácter de concesionaria de la obra pública fiscal denominada "Ruta 5, tramo Santiago-Talca y acceso sur a Santiago", y el momento a partir del cual las empresas concesionarias, como la de la especie, inician una actividad lucrativa, estimando que de ser exigible el pago de ese gravamen, procedería, en todo caso, en la fase de explotación, correspondiente a la operación de las obras e instalaciones y al cobro a los usuarios de la tarifa convenida, como única compensación por la prestación de los servicios.

Requerido informe a la Municipalidad de Las Condes, esta, mediante oficio N0 858, de 1999, ha señalado que la circunstancia que la empresa recurrente no haya iniciado la ejecución de las obras y que no haya obtenido aún ganancias, no la libera del pago de la patente municipal, puesto que no se trata de un tributo que grava la renta, sino del ejercicio de cualquier actividad lucrativa secundaria o terciaria, en un local, establecimiento o lugar determinado.

Sobre el particular, corresponde señalar que, de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de este Órgano Contralor, se ha podido establecer que mediante el decreto Nº859, de 30 de junio de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, se adjudicó el contrato de concesión a los licitantes Cintra Concesionaria de Infraestructura de Transporte de Chile Limitada, Infraestructura Dos Mil S. A. e Inversiones Golf Center S.A., que forman el consorcio denominado Autopista del Maipo S.A., para la ejecución, conservación y explotación de las obras públicas fiscales que forman parte del proyecto de licitación denominado “Concesión internacional Ruta 5 tramo Santiago-Talca y acceso sur a Santiago".

Seguidamente, en cumplimiento de las bases de licitación respectivas, el aludido consorcio, por escritura pública de fecha 30 de octubre de 1998, constituyó la sociedad anónima cerrada del epígrafe. De acuerdo con sus estatutos, la sociedad en comento tiene por objeto el diseño, la construcción, mantención, explotación y operación por concesión de la obra pública fiscal denominada "Ruta 5, tramo Santiago-Talca y acceso sur a Santiago", así como la prestación de los servicios complementarios autorizados por el Ministerio de Obras Públicas.

Conforme a las bases administrativas de la citada licitación, la concesión tendrá una duración de 300 meses contados desde su inicio –el cual se contará a partir de los 10 meses después de la suscripción y protocolización ante notario del decreto supremo de adjudicación- lo que ocurrió el 12 de noviembre de 1998. Vale decir, la concesión comienza a regir el 12 de septiembre de 1999.

Igualmente, resulta relevante señalar que la concesión se divide en dos etapas fundamentales: una primera etapa de construcción, que comenzará conjuntamente con el inicio del plazo de la concesión, y que durará, aproximadamente, 39 meses y una segunda etapa, consistente en la explotación, que se inicia con la autorización de puesta en servicio provisoria de las obras, la cual dará el derecho a cobrar tarifas a los usuarios por la utilización de las vías, fecha condicionada a las autorizaciones que corresponda otorgar, en su oportunidad, al Ministerio de Obras Publicas.

En este contexto, cabe manifestar que la sociedad ocurrente ha celebrado con el Estado, representado por el Ministerio de Obras Públicas, un contrato de concesión de obra pública, regulado, fundamentalmente, en la Ley de Concesiones, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº164, de 1991, de esa Secretaría de Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el decreto supremo Nº900, de 31 de octubre de 1995, del mismo ministerio. En términos generales, se trata de un acuerdo de voluntades entre la Administración y un tercero, por medio del cual este último se obliga a construir una obra pública a su costa, a cambio de cobrar en su favor, durante cierto tiempo, tarifas a los usuarios, consintiendo en que su participación quede regulada por un régimen especial de Derecho Público.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 23 del decreto ley N6 3.083, de 1979, sobre Rentas Municipales, el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, esta sujeta a una contribución de patente municipal.

Como se puede apreciar, lo que grava la contribución de patente municipal, es el hecho de desarrollar una actividad lucrativa, vale decir, una actividad que por su naturaleza tenga por objeto obtener alguna legítima ganancia, aun cuando esto último no ocurre efectivamente. De este modo, aquellas actividades que no se realizan con ese objetivo, por cierto, quedan eximidas del pago del tributo en comento, ya que en ese evento no se daría uno de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, cual es, la existencia del hecho gravado.

En este orden de ideas, tal como ya se expresara, dada la especial naturaleza del sistema de construcción de obras públicas, en conformidad a un contrato de concesión regulado por el decreto con fuerza de ley N0 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, la primera etapa de la ejecución del referido acuerdo, en ningún caso implica el desarrollo de una actividad lucrativa, ya que el concesionario construye la obra pública de que se trate, con sus propios recursos, es decir, en esta etapa no hay un lucro, pues el Estado nada paga por ella. Distinta es la situación de los contratos de obras públicas por el sistema de administración delegada, por cuanto en ellos el Estado paga a un contratista para que ejecute la obra con cargo a los recursos públicos.

Acorde con lo anterior, es dable agregar, a mayor abundamiento, que en el caso particular que se analiza, la actividad que la sociedad del epígrafe va a realizar a partir de la fecha de inicio de la concesión, consistente en la construcción de una obra pública, constituye una modalidad a través de la cual el Estado se sirve para ejecutar esas obras, supuesto que permite atribuir tanto a los trabajos como a su resultado, el carácter de públicos, de tal manera que aquí no estamos en presencia de una actividad particular de la construcción, que sí está gravada con patente municipal. (Aplica criterio contenido en los dictámenes Nºs 17.860 de 1997 y 38.679 de 1998).

De este modo entonces, la actividad gravada con la contribución de patente municipal, será el ejercicio de una actividad lucrativa, la que, en el caso de le especie, sólo tendrá lugar a partir de la iniciación de la etapa de explotación de la obra, instante en que la empresa concesionaria efectivamente desarrollará el giro que configura el hecho gravado, tanto en donde se encuentra su casa matriz, como en sus sucursales entendiendo por estas últimas, para estos efectos, desde luego, las plazas de peajes y sus instalaciones conexas, siendo plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Rentas Municipales.

Por  otra  parte,  cabe  hacer presente que constituye un deber de todo contribuyente, el hacer las declaraciones a que se refieren los artículos 24, 28 y 26 de la ley de rentas Municipales, sin perjuicio de la obligación de pago que establece el artículo 31 del mismo cuerpo legal, de tal manera que corresponderá a los representantes de la Sociedad Autopista del Maipo S. A., dar cumplimiento oportuno a dichas exigencias legales en el instante mismo en que se inicie el ejercicio de la aludida actividad lucrativa, debiendo, a su vez, el Ministerio de Obras Públicas, adoptar las medidas de comunicación que procedan, a fin de resguardar el interés público comprometido en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los concesionarios de tales obras.

En consecuencia, habida consideración a lo señalado precedentemente, la Municipalidad de Las Condes, deberá abstenerse, por ahora, de exigir el pago de la contribución de patente comercial a la sociedad del epígrafe, siendo ello procedente sólo a partir del período tributario que corresponda al inicio de la explotación de la concesión de la especie.

Contraloría General de la República

División de Municipalidades

Dictamen Nº33411

10 de septiembre de 1999.

 

 

Nuestroabogado.com ofrece a las empresas concesionarias, que se encuentran es estado de construcción de  las obras públicas fiscales, obtener un pronunciamiento idéntico y favorable, sea directamente del municipio o a través de la Contraloría General de la República,  para el objeto de que se exima del pago por patente comercial de que trata este dictamen.

Del mismo modo, ofrece solicitar vía reclamo de ilegalidad ante el alcalde, la devolución de lo pagado (pago de lo no debido por no tener causa) o, la imputación de lo pagado a  futuros pagos por concepto de patentes municipales durante el período de explotación de la obra pública fiscal concesionada.