Crédito al Consumidor

 

1.      Información al consumidor

2.      Intereses

Protección a los Consumidores:

3.      Gastos de cobranza

 

1.        Información al consumidor

Es habitual que la adquisición de bienes de consumo se efectúe mediante operaciones de crédito, sea porque las casas comerciales celebran compraventas a plazo, o bien porque filiales de éstas entregan dinero en préstamo al consumidor. 

Además, las personas suelen solicitar préstamos de dinero a instituciones financieras para cubrir múltiples necesidades.

Estas operaciones, aunque útiles para el consumidor pueden dar lugar a abusos de diverso tipo.

Por ello, la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores regula algunas materias relacionadas con el crédito al consumidor.

En primer lugar, señala la información que el proveedor debe entregar. El artículo 37 establece que: “En toda operación de consumo en que se conceda crédito directo al consumidor, el proveedor deberá poner a disposición de éste la siguiente información; ”

a)       El precio al contado del bien o servicio de que se trate;

h)       La tasa de interés que se aplique sobre los saldos de precio correspondientes y la tasa de interés moratorio en caso de incumplimiento, la que deberá quedar señalada en forma explícita;

c)       El monto de cualquier pago adicional que fuere procedente cobrar;

d)       Las alternativas de monto y número de pagos a efectuar y su periodicidad, y

e)       El sistema de cálculo de los gastos que genere la cobranza extrajudicial de los créditos impagos, incluidos los honorarios que corresponda y las modalidades y procedimientos de dicha cobranza.

 

Cabe agregar que, respecto de la información al consumidor, la ley señala que, sin perjuicio de lo anterior, cuando se exhiban los bienes en vitrinas, anaqueles o estanterías, se deberán indicar allí las informaciones referidas en las letras a) y b).

 

2.       Intereses

La tasa de interés es uno de los elementos sobre los cuales debe informar el proveedor al consumidor.

Es conveniente tener presente que la ley establece límites al cobro de interés.  Por ello, el interés cobrado por los proveedores en sus operaciones de crédito al consumidor no puede ser superior al interés máximo convencional. Este interés es equivalente al interés corriente aumentado en un 50%.   A su vez, el interés corriente el calculado mensualmente por la Superintendencia de Bancos en Instituciones Financieras.

Durante el año 2000 el interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de 90 días, inferiores a 200 unidades de fomento, que son las que generalmente realizan los consumidores, ha tenido un valor aproximado al 30% anual.  En tanto que el interés máximo convencional para las mismas operaciones ha tenido un valor aproximado a 45% anual.  Lo anterior significa que el interés corriente mensual alcanza durante este año un valor cercano al 2,5%, en tanto que el interés máximo convencional, esto es la tasa máxima que pueden cobrar los proveedores, alcanza aproximadamente a 3,75% mensual.  Cabe hacer notar que la tasa varía mes a mes, por lo que se debe considerar aquella que esté vigente al momento de efectuar la compraventa.

La tasa de interés corriente para esas mismas operaciones, vigente  al 07 de agosto del año 2000 tiene un valor de 30,89% anual (2,57 mensual); en tanto que el interés máximo convencional equivale a un 46,33% anual (3,86% mensual).

Para operaciones reajustables en moneda nacional, la tasa de interés corriente tiene un valor aproximado al 7,5% anual, durante el año 2000.  El valor vigente a contar del 07 de agosto es de 7,39% anual.

 Cabe tener presente, además, que los intereses deben aplicarse sobre el saldo insoluto, esto es, el que aún no se ha pagado.  No corresponde que se apliquen sobre el valor de la compra.  Asimismo, dado que generalmente el saldo insoluto se paga en cuotas debe tomarse en cuenta que éste disminuye mes a mes por lo que el monto de los intereses debe disminuir de igual modo.

Lo anterior puede ser aclarado con un ejemplo:  Un consumidor adquiere un artículo que tiene un precio de $100.000.  Otorga un “pie” de $20.000, pagando el saldo en 4 cuotas.  De acuerdo con lo señalado anteriormente el interés sólo debe aplicarse al saldo, el cual disminuye mensualmente por el pago de las cuotas.  Suponiendo que se aplica una tasa de interés de 3% mensual tenemos el siguiente resultado:

 

MES

VALOR DEUDA

TASA INTERES

MONTO INTERES

1

80.000

3%

2.400

2

60.000

3%

1.800

3

40.000

3%

1.200

4

20.000

3%

   600

 

 En el ejemplo, el total pagado por concepto de interés es la suma de $6.000, el cual se distribuye proporcionalmente en cada cuota.

En el evento que los intereses pactados sean superiores al máximo convencional, la ley establece que se reducirán al  interés corriente que rija al momento de la convención, esto es, al momento de la compraventa u otro contrato que haya dado origen al cobro de intereses.

Estudios del SERNAC han demostrado que la gran mayoría de las casas comerciales cobran intereses superiores al máximo permitido.  Así, por ejemplo, en un estudio efectuado en abril del presente año se detectó que una casa comercial cobraba intereses con tasa del 7,64% mensual, en circunstancias de que el interés corriente era de sólo 2,4% mensual y, por tanto, el máximo convencional ascendía a 3,61% mensual.

Por ello, el consumidor afectado por el cobro de intereses excesivos debe recurrir al Juzgado de Policía Local competente para que le aplique una multa al proveedor infractor y ordene la rebaja de intereses.

 

 

3.   Gastos de cobranza

La ley 19.659, publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 1999, intenta evitar los abusos que se cometen en esta materia. Por ello, estableció límites a los gastos por cobranzas extrajudiciales y otras medidas de protección al deudor moroso.

Así, dispuso que no podrá cobrarse, por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, cantidades que excedan de los porcentajes que a continuación se indican:

a)      En obligaciones de hasta 10 unidades de fomento, 9%;

2.       Por la parte que exceda de 10 y hasta 50 unidades de fomento, 6%, y,

3.       Por la parte que exceda de 50 unidades de fomento, 3%.

Los porcentajes deben ser aplicados sobre el capital adeudado o la cuota vencida, según el caso.  Esto es, si el deudor se atrasa en el pago de una cuota, sobre el monto de ella debe aplicarse el porcentaje para determinar el monto máximo de los gastos de cobranza.

Los porcentajes indicados se aplicarán una ver transcurridos los primeros quince días de atraso.  Es decir, por atrasos inferiores a 15 días no procede el cobro de gastos de cobranza.

Con respecto a las modalidades y procedimientos de la cobranza extrajudicial se indicará si el proveedor la realizará directamente o por medio de terceros y, en este último caso, se identificarán los encargados; los horarios en que se efectuará, y la eventual información sobre ella que podrá proporcionarse a terceros de conformidad con la ley N° 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal.

Se informará, asimismo, que tales modalidades y procedimientos de cobranza extrajudicial pueden ser cambiados anualmente el caso de operaciones de consumo cuyo plazo de pago exceda de un año, en términos de que no resulte mas gravoso ni oneroso para los consumidores ni se discrimine ente ellos, y siempre que de tales cambios se avise con una anticipación mínima de dos períodos de pago.

Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar alguna de las siguientes medidas:

a)       El envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales.

b)       Comunicaciones a terce­ros ajenos a la obligación en las que se de cuenta de la morosidad.  Por ejemplo, informar al empleador.

c)       Visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil.  Son días hábiles los no feriados; son horas hábiles las que median entre las ocho y las veinte horas.

d)       En general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situa­ción laboral del deudor.

Debe considerarse que las actuaciones anteriormente mencionadas podrían  configurar el delito de amenazas, sancionado con penas de hasta 5 años de presidio.

Las sumas por gastos de cobranza judicial que debe pagar el consumidor demandado son aquellas que señale el tribunal a título de costas procesales y personales.  Por tanto, no corresponde que las determine unilateralmente el proveedor.